A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del 27 de febrero de 2026, Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso la inhibición general de bienes de Social San Juan Seguros de Personas S.A. y de La Palabra Compañía de Seguros Patrimoniales S.A., como consecuencia de déficits en sus capitales mínimos al 31 de diciembre de 2025 y otros desajustes técnicos detectados en el análisis contable.
En cada uno de los casos, la SSN actuó en virtud de las facultades dispuestas en el artículo 86 de la Ley 20.091, ante la percepción de situaciones que podrían comprometer la solvencia de las aseguradoras y la protección de los intereses de asegurados y terceros.
En el caso de Social San Juan Seguros de Personas S.A., la Gerencia de Evaluación de la SSN detectó un déficit en capitales mínimos de $649.745.847, junto con un faltante adicional en el cálculo de cobertura por $11.902.482 en los estados contables al cierre del ejercicio 2025. Como respuesta, la Resolución SSN 61/2026 exige la presentación de un plan de regularización y saneamiento dentro de los próximos 15 días corridos y ordena la inhibición general de bienes de la compañía, exceptuando sus cuentas corrientes bancarias.
Una situación similar enfrenta La Palabra Compañía de Seguros Patrimoniales S.A.. En su balance patrimonial al mismo período, la SSN advirtió un déficit de capitales mínimos por $461.061.794. La medida cautelar dispuesta en la Resolución SSN 62/2026 también exige la presentación de un plan de regularización y, como en el caso anterior, la inhibición general de bienes, con la aclaración de que las cuentas corrientes bancarias no quedan alcanzadas por la prohibición.
Este tipo de medidas preventivas no implican, por sí mismas, sanciones definitivas ni la revocación de la autorización para operar; constituyen mecanismos de control reforzado para obligar a las entidades a recomponer su estructura patrimonial. La SSN actúa bajo un paraguas normativo que le permite intervenir de inmediato cuando se detectan desbalances que pueden poner en riesgo la continuidad operativa y la atención de compromisos con los asegurados.
La inhibición general de bienes —que comprende la prohibición de realizar actos de disposición sobre inversiones y otros activos, excepto cuentas corrientes bancarias— busca preservar el patrimonio mientras se sustancian los procedimientos de regularización. En otras resoluciones similares recientes, este tipo de medidas se han aplicado con el mismo objetivo preventivo, buscando evitar que el deterioro patrimonial de una aseguradora derive en perjuicios para los titulares de pólizas y terceros.
El contexto regulatorio actual expone el énfasis de la SSN en el control de la solvencia y la integridad patrimonial de las entidades aseguradoras, como parte de una supervisión permanente que pretende garantizar la estabilidad del mercado y la protección de los asegurados ante posibles contingencias financieras.
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