Fabián Vitolo, director de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Seguros, advierte sobre un escenario de litigiosidad en alza, indemnizaciones millonarias y una jurisprudencia cada vez más inclinada a resarcir al paciente, aun cuando la negligencia no esté plenamente acreditada. Atención PAS con ganas de dedicarse a esta rama.
La Responsabilidad Profesional Médica en Argentina atraviesa una etapa de profunda transformación. El aumento sostenido de los reclamos, la escalada de los montos indemnizatorios y una interpretación judicial más amplia de la responsabilidad profesional están redefiniendo el mapa del riesgo para médicos, sanatorios y aseguradoras.
Ello sin dudas configura una oportunidad para los Productores Asesores de Seguros. El riesgo avanza, y la necesidad de protección también. Lo que sigue bien puede ser el catálogo de las exposiciones a riesgo a la que están sometidos profesionales e instituciones médicas en la Argentina.
En esta entrevista, Fabián Vitolo analiza los principales desafíos del sector: desde el peso decisivo de la historia clínica y el consentimiento informado hasta el impacto de la telemedicina, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Una mirada precisa sobre un mercado cada vez más exigente, donde prevenir ya no es una opción, sino una necesidad estratégica.
¿Cómo evalúa la evolución reciente de los fallos judiciales en casos de mala praxis médica en Argentina?
El primer error al analizar este tema es quedarse con los fallos judiciales. Las sentencias son apenas la punta visible del iceberg. La regla no escrita del sector es que nadie deja correr a sentencia un caso que sabe que va a perder: los expedientes con franca responsabilidad se cierran en acuerdos extrajudiciales millonarios, muchas veces cuando los intereses ya multiplicaron varias veces el capital original. Por eso, afirmaciones como «el médico es absuelto en la inmensa mayoría de las sentencias» , si bien pueden ser técnicamente ciertas son profundamente engañosas.
La siniestralidad real se ve en otro lado: en los montos que llegan a las aseguradoras. En los últimos seis meses de 2025, el promedio de reclamos recibidos por NOBLE Seguros fue de $270.000.000 por caso. Y los casos punta muestran la verdadera escala del riesgo: una demanda por parálisis cerebral en obstetricia alcanzó los $4.898.000.000; un error diagnóstico en clínica médica, $2.150.000.000; una complicación en cirugía estética, $754.000.000; y una muerte postoperatoria en cirugía general, $752.000.000. Estos montos, con intereses acumulados durante procesos que pueden extenderse más de una década, pueden triplicarse al momento de la sentencia.
El sistema tiene además un sesgo estructural que alimenta la litigiosidad: el beneficio de litigar sin gastos se otorga en cerca del 90% de las demandas, abogados y peritos operan con incentivos económicos ligados al resultado, y en la práctica litigar en Argentina no tiene costo alguno para quien reclama. El resultado es un escenario de alta frecuencia y severidad creciente, sin señales de reversión.
¿Qué papel juega hoy la “lex artis” en la determinación de la responsabilidad profesional ante los tribunales?
La lex artis es el conjunto de estándares que define cómo debe actuar un profesional de la salud en una situación determinada. En teoría, es el parámetro central para determinar si hubo mala praxis. En la práctica, el juez no es médico y depende casi exclusivamente del perito judicial para interpretar si el profesional se apartó de ese estándar. La calidad, especialización e independencia de los peritos es muy variable, y eso introduce una cuota importante de incertidumbre en el resultado de cada caso.
Pero hay algo más profundo: se observa una tendencia creciente de los tribunales a fallar a favor del paciente aun cuando la culpa no haya podido demostrarse de manera indubitada. La lógica es redistributiva antes que jurídica: hay un daño, hay una aseguradora con capacidad de pago, que pague.
La consecuencia es que el seguro de responsabilidad profesional termina funcionando como sustituto de una red de contención social que no existe. Pacientes que sufrieron daños inherentes a la complejidad de su enfermedad o de la intervención —y no a ninguna negligencia— reciben compensación a través del sistema asegurador porque no hay otro mecanismo que los contenga. El seguro no fue diseñado para eso. Y el costo lo terminan pagando todos los asegurados a través de las primas.
En su experiencia, ¿cuáles son los principales errores que generan demandas por parte de los pacientes?
Hay que separar dos fenómenos que se confunden habitualmente: los errores que producen daño y los errores que llevan a un paciente a demandar. No son lo mismo, y entender esa diferencia es clave para la prevención.
Los errores que producen daños dependen de la especialidad. Del análisis de 2.500 reclamos de NOBLE Seguros surge que las demandas quirúrgicas representan más del 50% del total, con traumatología encabezando la lista (casi el 40% dentro de ese grupo), seguida por cirugía estética (16%) y oftalmología (7%). En obstetricia —la especialidad con los montos más altos—, más del 50% de las demandas se originan en sufrimiento fetal agudo y parálisis cerebral, muchas veces en contextos donde el problema preexistía al trabajo de parto pero la documentación no permitió demostrarlo. En cirugía, los eventos más graves y difíciles de defender son los oblitos (material retenido en cavidad), los errores de sitio quirúrgico y las quemaduras por electrobisturí. En clínica médica, el error diagnóstico y el retraso en el diagnóstico concentran la mayoría de los casos.
Los errores que llevan a demandar son de otra naturaleza. El daño, por sí solo, raramente es suficiente para que un paciente inicie una acción judicial. Lo que habitualmente desencadena la demanda es la combinación de tres factores: el daño, un quiebre en la relación médico-paciente y un mal manejo de las expectativas. Cuando el paciente se siente escuchado, acompañado y recibe una explicación honesta de lo ocurrido, la mayoría de las veces no demanda —incluso cuando hubo negligencia. En cambio, el silencio, la evasión o la percepción de que «algo se está ocultando» son los verdaderos detonantes del juicio.
De allí una conclusión práctica y algo incómoda: es más fácil prevenir juicios que daños evitables. La comunicación y el manejo de las expectativas son herramientas de bajo costo y alto impacto. La seguridad del paciente, en cambio, requiere transformaciones culturales y sistémicas profundas —y sigue siendo el desafío central de cualquier política sanitaria moderna.
¿Cómo impacta la falta de consentimiento informado en los litigios por mala praxis y qué medidas pueden tomar las instituciones para reducir este riesgo?
El consentimiento informado es el núcleo ético y jurídico de la relación médico-paciente: el reconocimiento de que es el paciente —y nadie más— quien tiene derecho a decidir qué se hace con su cuerpo. La Ley 26.529 de Derechos del Paciente le dedicó un capítulo entero y estableció obligaciones muy precisas: informar el estado de salud, el procedimiento propuesto, sus beneficios, riesgos, alternativas y las consecuencias de no realizarlo, todo en términos comprensibles y con documentación escrita en los casos que la ley enumera.
Sin embargo, en la práctica cotidiana el consentimiento informado sigue siendo, para la mayoría de los profesionales, un trámite administrativo: un formulario genérico que firma el paciente antes de entrar a quirófano, muchas veces sin haberlo leído y sin que nadie le haya explicado nada. Ese es exactamente el problema, porque los tribunales no juzgan el formulario: juzgan si hubo información real. Y en ese punto, la jurisprudencia reciente es cada vez más estricta.
El problema de fondo es que se sigue confundiendo un proceso con un formulario. El consentimiento informado no empieza cuando el paciente firma: empieza en el consultorio, cuando el médico explica qué se va a hacer, por qué, qué puede salir mal y qué alternativas existen. El formulario es solo la constancia escrita de esa conversación. Y los formularios genéricos «multipropósito» que se usan habitualmente no cumplen esa función: no informan ni protegen, porque los riesgos de una cirugía de cadera no son los mismos que los de una infiltración, una cesárea o una corrección de cataratas.
La dirección correcta es avanzar hacia consentimientos específicos por procedimiento, con riesgos personalizados según las condiciones del paciente —diabetes, hipertensión, obesidad, antecedentes relevantes— entregados con tiempo suficiente para que el paciente pueda leerlos, reflexionar y preguntar. Algunas sociedades científicas argentinas —Oftalmología, Traumatología, Urología— ya desarrollaron modelos de este tipo. Es el camino que las instituciones deben recorrer.
¿Qué importancia tiene la historia clínica en la defensa de un profesional o de un sanatorio frente a una demanda?
Es determinante. En un juicio, el perito médico trabaja sobre la documental, y la historia clínica es prácticamente toda la documental disponible. El médico puede haber actuado correctamente, pero si no lo registró, no puede demostrarlo. La jurisprudencia argentina es explícita al respecto: una historia incompleta o deficiente genera presunción en contra del profesional, independientemente de lo que haya ocurrido en la realidad. Dicho de otro modo, una buena historia clínica no garantiza ganar un juicio, pero una historia pobre casi garantiza perderlo.
El problema es que las historias clínicas siguen siendo, en general, muy deficientes. En papel: ilegibles, sin registro del examen físico, sin justificación de las decisiones terapéuticas, sin las evoluciones que la especialidad exige. En cirugía faltan partes anestésicos completos y controles postoperatorios. En obstetricia, partogramas y registros de monitoreo fetal. En guardia, muchas veces la historia se reduce a dos renglones que no permiten reconstruir nada.
La digitalización resolvió la ilegibilidad pero generó nuevos problemas. El más extendido es el «copiar y pegar» indiscriminado: historias infladas con texto repetido y desactualizado que no demuestran que el paciente fue evaluado ese día. A eso se suman errores de ingreso de datos, valores por defecto no modificados y la llamada «fatiga por alertas», que lleva a ignorar advertencias clínicamente relevantes.
El resultado es el mismo en ambos formatos: una historia que no sirve para defender al profesional ni para reconstruir con fidelidad lo que realmente ocurrió.
Desde la perspectiva de una aseguradora, ¿qué desafíos enfrentan las coberturas de responsabilidad profesional médica y cómo ha evolucionado este segmento del mercado?
Los desafíos son múltiples, pero quizás el más urgente es el de garantizar que las coberturas evolucionen al mismo ritmo que la tecnología, para no quedar respondiendo con instrumentos del pasado a los riesgos del presente.
La telemedicina, que ya existía de manera marginal, se instaló masivamente durante la pandemia y no retrocedió. Plantea preguntas concretas que las pólizas tradicionales no siempre responden con claridad: ¿qué ocurre cuando el profesional atiende desde una provincia y el paciente está en otra, o en otro país? ¿Cuál es la jurisdicción aplicable? ¿Cómo se determina el estándar de cuidado cuando el médico no pudo examinar físicamente al paciente?
La inteligencia artificial plantea el desafío más difícil de todos. Si un sistema de apoyo diagnóstico sugiere una conducta errónea y el médico la sigue, ¿quién responde? ¿El profesional que confió en la herramienta, la institución que la implementó, el desarrollador que la programó? Por ahora no hay respuestas jurídicas consolidadas, pero los casos llegarán antes de que las haya.
Y hay un riesgo que todavía no ocupa el lugar que merece en la discusión: la ciberseguridad. La digitalización de los registros clínicos creó una nueva categoría de siniestro para la que el mercado asegurador aún busca respuestas. Ataques de ransomware que bloquean sistemas hospitalarios completos, filtraciones de datos sensibles de miles de pacientes, accesos no autorizados a historias electrónicas. El daño puede ser simultáneo, masivo y de difícil cuantificación, y la cadena de responsabilidades —entre la institución, el proveedor del sistema y el profesional— es compleja de determinar. Cubrir adecuadamente este riesgo exige productos específicos que en muchos mercados, incluido el nuestro, todavía están en desarrollo.
A todo esto se suma el contexto local: inflación que distorsiona la valuación de siniestros, juicios que se resuelven años después con indemnizaciones calculadas en un escenario económico completamente distinto al del hecho, y una tendencia jurisprudencial que no siempre exige prueba rigurosa de culpa para condenar. El seguro de responsabilidad médica en Argentina opera en uno de los entornos más complejos del mundo.
¿Qué estrategias de prevención y capacitación considera más efectivas para reducir la siniestralidad en este tipo de riesgos?
Las estrategias más efectivas para reducir la siniestralidad pasan por actuar en varios frentes simultáneamente: promover el uso seguro de medicamentos, implementar prácticas seguras en cirugía —incluyendo el uso sistemático del listado de verificación quirúrgica—, estandarizar los procesos de identificación de pacientes, fortalecer la comunicación entre profesionales en los momentos de traspaso asistencial, implementar paquetes de medidas para prevenir infecciones y desarrollar sistemas de detección y abordaje de eventos adversos. Sin embargo, ninguna de estas intervenciones produce resultados sostenibles si no se asienta sobre una base cultural sólida.
El desafío central no es el qué hacer —la evidencia científica es abundante y clara— sino el cómo llevarlo a la práctica cotidiana de cada institución. Al igual que la aviación o la industria nuclear, el sistema de salud necesita desarrollar una verdadera cultura de seguridad: entornos no punitivos donde reportar errores sea valorado, donde el liderazgo esté genuinamente comprometido y donde el aprendizaje organizacional sea la norma.
La ciencia de la implementación nos enseña que las estrategias que funcionan en un contexto pueden fracasar en otro. Por eso, cada institución y cada equipo profesional deberá diagnosticar sus propias barreras, identificar sus facilitadores locales y adaptar las intervenciones a su realidad concreta. El camino no es universal: es local, iterativo y requiere constancia.
Anibal Cejas
