La decisión de Javier Milei de enviar al Congreso una reforma estructural del mercado de seguros reactivó la atención de toda la industria. Mientras se aguardan los detalles de la iniciativa oficial, un proyecto presentado meses atrás por diputados de La Libertad Avanza permite observar algunos de los principios que podrían formar parte de la discusión
El presidente Javier Milei enfatizó que “un mercado de seguros accesibles es esencial en toda sociedad moderna y cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado”.
Por ello, hace algunos días atrás anunció: “Enviaremos al Congreso un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas. Así se impulsará la innovación abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones. Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos”.
La reforma del mercado asegurador dejó de ser una posibilidad lejana y comenzó a instalarse en la agenda política y empresaria. El presidente Javier Milei anunció que su Gobierno impulsará una modificación estructural del régimen de seguros y que enviará un proyecto al Congreso, en el marco del programa de transformaciones económicas que la administración libertaria lleva adelante.
La expectativa dentro del sector es, por lo tanto, creciente. No sólo porque se trata de una reforma que podría modificar las reglas de funcionamiento de la actividad, sino porque todavía no se conoce el texto definitivo con el que el Poder Ejecutivo buscará avanzar en el Congreso.
Se espera que la semana próxima haya dictamen de Comisión, para avanzar con el proyecto. Allí se sabrá exactamente de que va la reforma.
Pero existe un antecedente legislativo que permite aproximarse al contenido que podría tener parte de esa discusión.
En marzo de este año, un grupo de diputados de La Libertad Avanza presentó en la Cámara baja el Expediente 0391-D-2026, una iniciativa encabezada por Beltrán Benedit y acompañada por otros catorce legisladores oficialistas. El proyecto fue presentado como una declaración de interés de la Cámara de Diputados respecto de una reforma integral de las leyes que constituyen el núcleo del marco jurídico asegurador argentino. (ACCEDER AL DOCUMENTO AL FINAL DE LA NOTA)
Aunque aquel expediente no constituye el proyecto de reforma que ahora anunció el Presidente, sus fundamentos exponen con bastante claridad una determinada concepción sobre el futuro de la actividad.
Tres leyes bajo revisión
El documento plantea la necesidad de avanzar sobre las tres normas centrales del sistema: la Ley 17.418 de Contrato de Seguro, la Ley 20.091 de Entidades Aseguradoras y su control y la Ley 22.400 de Productores Asesores de Seguros.
El objetivo declarado es actualizar su contenido, estructura y lenguaje a partir de principios como la libertad contractual, la transparencia, la digitalización, la equidad entre las partes y la tutela efectiva de asegurados y terceros.
Según los fundamentos, la norma actual no contempla adecuadamente fenómenos como la contratación digital, las comunicaciones electrónicas, la inteligencia artificial aplicada a la gestión de riesgos ni los nuevos modelos de aseguramiento y reaseguro. Para sus autores, esa desactualización genera inseguridad jurídica, litigiosidad y mayores costos de transacción.
La propuesta, por lo tanto, apunta a reemplazar el actual esquema por un marco legal más moderno, con lenguaje claro y procesos simplificados.
La judicialización, en el centro del debate
Uno de los capítulos más fuertes del documento está dedicado a la litigiosidad.
Los autores consideran que la falta de normas claras, la rigidez contractual y la ausencia de mecanismos ágiles de resolución de conflictos han contribuido a trasladar a los tribunales controversias que, según su visión, podrían resolverse por vías administrativas.
El texto utiliza expresiones particularmente duras para describir esta situación y habla de una «industria del juicio» y de un circuito de «caranchaje» jurídico. A juicio de los impulsores de la iniciativa, esa conflictividad termina generando un sistema costoso e imprevisible que impacta sobre la solvencia de las compañías, las primas y las decisiones de inversión.
La reforma debería, según este planteo, establecer reglas más previsibles y mecanismos de resolución directa de conflictos capaces de reducir la judicialización.
Un supervisor solo dedicado a controlar la solvencia y proteger al asegurado
Lo reconoce el propio Superintendente de Seguros de la Nación en sus exposiciones públicas, la última en el mismo día de hoy jueves 13 de agosto, en el marco de su discurso inaugural en Expoestrategas 2026.
La SSN se concentrará en supervisar con rapidez, anticipar riesgos sistémicos y promover la estabilidad del sistema. No un estado más grande sino “un Estado más inteligente”.
Las informaciones sobre la reforma que prepara el Gobierno apuntan precisamente a una modificación sustancial del esquema regulatorio y a una reducción de determinados controles previos. Entre ellos la política para aprobar nuevos productos. ¿Se ampliará el esquema de “depósito de planes” a todos los seguros, o directamente no habrá que someter los nuevos productos a control alguno del regulador? Quienes analizan esta última opción, afirman que si algun operador lleva adelante coberturas con clausulas abusivas o que perjudiquen al asegurado, ya está disponible todo el cuerpo legal como el Código Penal y el Código Civil y Comercial para poner las cosas en su lugar.
En su exposición de hoy, Plate recordó todas las medidas que viene tomando la SSN para allanar el camino, como la ampliación del depósito de planes, la regulación de seguros paramétricos, salud prestacional y sepelio.
El seguro como pieza del modelo económico
Hay, finalmente, una dimensión que excede ampliamente la discusión jurídica. Es, quizás, más filosófica.
Desde la perspectiva de las ideas libertarias, el seguro debería convertirse progresivamente en un mecanismo de previsión y protección que permita trasladar determinados riesgos desde el Estado hacia soluciones contractuales privadas.
El seguro como sustituto eficiente del gasto estatal. Un autor de “ese palo”, el economista David D. Friedman (hijo de Milton, premio nobel de economía, fallecido en 2006), referente del anarcocapitalismo, plantea que el Estado es un mal innecesario y que todos sus servicios pueden ser reemplazados por la cooperación voluntaria del mercado. En este esquema, las compañías de seguros cumplen un rol central: en lugar del Estado, agencias privadas de defensa cobrarían una cuota a cambio de garantizar la seguridad de sus clientes, actuando como aseguradoras que compensan a quienes ven violados sus derechos y hasta los representan en disputas legales. Con esto, funciones hoy estatales quedarían en manos de agencias privadas competidoras y aseguradoras. Es una postura ideológica en debate, y sus críticos cuestionan si tales agencias no terminarían recreando, en la práctica, una forma de Estado.
Todo esto explica por qué el anuncio de Milei genera expectativa en el mercado.
El Gobierno todavía debe presentar el texto definitivo y será entonces cuando pueda determinarse cuánto de todo lo que se ha hablado forma parte efectivamente de la reforma que llegará al Congreso.
Anibal Cejas
