Los juicios crecen año tras año y cada vez pesan más sobre la producción del sistema.
Nuestra EXCLUSIVA ESTADÍSTICA INTERACTIVA vuelve a confirmar una de las principales amenazas estructurales del Sistema de Riesgos del Trabajo: la litigiosidad no solo crece de manera sostenida, sino que lo hace a un ritmo superior al de la recaudación de primas.
Los datos más recientes muestran que, lejos de moderarse, la judicialización del seguro de Riesgos del Trabajo continúa ganando peso relativo dentro del sistema.
El fenómeno no es nuevo, pero la tendencia se profundiza y deja una señal clara: generan un desequilibrio que erosiona resultados técnicos, y compromete la sostenibilidad del negocio. Además, la relación entre litigios y primas muestra un deterioro persistente: hay entidades que concentran una porción de demandas muy superior a su participación en la recaudación.
Una curva que no encuentra techo
La evolución histórica es contundente. En junio de 2021, el sistema registraba algo más de 240.559 juicios. Cuatro años después, en junio de 2025, el número trepó a 254.168 procesos judiciales, con incrementos interanuales que se repiten ejercicio tras ejercicio.
El stock sigue creciendo: 13.609 casos más en 4 años.
El salto más significativo se observa a partir de 2022, cuando la curva de juicios acelera y deja atrás cualquier intento de estabilización. El crecimiento no es homogéneo, pero sí generalizado: la litigiosidad avanza aún en contextos donde la producción muestra comportamientos más moderados.
El dato más sensible no es solo el aumento absoluto de demandas, sino su desalineación con la producción de primas. Al analizar la participación relativa, el cuadro es elocuente: existen segmentos del mercado que concentran más del 30% del total de juicios, mientras su participación en la producción apenas supera el 20%. Es decir, la judicialización crece no solo en términos absolutos, sino también como carga relativa sobre cada peso de prima emitida.
El costo silencioso del sistema
Esta distorsión tiene consecuencias directas. Más juicios implican mayores reservas, incremento de gastos legales, peor resultado técnico y una presión constante sobre el patrimonio. La litigiosidad judicial opera como un impuesto informal que reduce la rentabilidad sistémica.
Además, el fenómeno introduce un factor de incertidumbre permanente. El negocio asegurador, que necesita previsibilidad para sostener tarifas y coberturas, se ve condicionado por fallos judiciales, cambios de criterio y tiempos procesales difíciles de anticipar.
Mientras la brecha entre juicios y primas siga ampliándose, el mercado continuará operando en un terreno frágil, donde las aseguradoras son presionadas por un riesgo judicial que ya no es excepcional, sino estructural.
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