Un informe técnico elaborado por ALUMNI Think Tank , de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), advierte que las sumas aseguradas en Responsabilidad Civil Automotor nacen desfasadas frente a la realidad judicial y económica. Las víctimas quedan expuestas a indemnizaciones parciales y los conductores, al riesgo concreto de perder patrimonio.
El trabajo, desarrollado a lo largo del segundo semestre de 2025, revisa jurisprudencia reciente, material judicial, estadísticas regionales y criterios de cálculo del daño. Sus conclusiones exhiben una fragilidad estructural: los límites asegurativos vigentes quedan muy por debajo de las indemnizaciones que fijan los tribunales en casos de muerte, incapacidad o lesiones graves, lo que obliga a los conductores a responder con su patrimonio personal.
La Resolución SSN 589/2025, vigente desde enero de este año, elevó los límites de la cobertura obligatoria y voluntaria. Sin embargo, ese ajuste resultó insuficiente desde el mismo día de su publicación. El límite de Responsabilidad Civil para autos particulares quedó fijado en $208.000.000, un monto que la Justicia supera con frecuencia en casos de muerte o incapacidad total.
El desfasaje no es nuevo. En los últimos años, el mercado asistió a una carrera desigual entre inflación, jurisprudencia y actualizaciones normativas. Mientras los límites crecieron de manera escalonada, las sentencias aplicaron fórmulas indemnizatorias basadas en criterios que aumentaron los montos de sentencia de forma expopnencial. El informe delinea con precisión esa brecha.
El informe también detecta otra consecuencia menos visible: el incentivo a la litigiosidad. La diferencia entre suma asegurada y daño real estimula a los abogados a cuestionar los topes asegurativos ante los tribunales, bajo el argumento de que resultan incompatibles con el principio constitucional de reparación integral. Ya existen precedentes que discuten la razonabilidad de los límites en contextos inflacionarios y con indemnizaciones judiciales muy superiores, especialmente en Río Negro y en el caso Martínez, Emir c/ Boito, entre otros.
Ese movimiento erosiona la previsibilidad del sistema y genera un costo operacional agregado para aseguradoras, tribunales y asegurados. Los aumentos de primas aparecen como una consecuencia indirecta del fenómeno: más judicialización, más incertidumbre, mayor costo actuarial. Es una ecuación conocida en los mercados de seguros, pero que en Argentina ha encontrado un acelerador potente: la inflación.
El documento propone finalmente una corrección estructural. Sugiere implementar mecanismos de actualización automática basados en unidades o índices técnicos, como el IPC o el valor del litro de combustible, para evitar que los límites nazcan desfasados respecto de la inflación. También recomienda diseñar topes mediante estudios actuariales consistentes y fortalecer la conciencia aseguradora, un déficit histórico del mercado argentino.
MIRÁ EL INFORME COMPLETO ACÁ.
Para pasar página, dar click acá.
