Por Marcelo Anduch, Director de Grupo Mass Asistencia
El reciente Decreto 536/2025 y su Disposición reglamentaria N° 545/2025 no son una simple actualización administrativa; representan un cambio de paradigma en la gestión de la vida útil de un vehículo siniestrado. La nueva normativa redefine por completo la gestión de siniestros de «daño total» y la utilización de repuestos, impactando directamente en la operación y estrategia de las compañías.
Para el mercado asegurador, esta normativa es una de las más relevantes de los últimos años, ya que impacta directamente en el proceso core de liquidación de siniestros, la gestión de costos y la lucha contra el fraude.
¿Esta medida abarata las pólizas de seguros automotores a través del uso de autopartes recuperadas?
La medida tiene el potencial de abaratar el costo de las pólizas a mediano y largo plazo, pero no de forma inmediata ni automática. El impacto en el precio final dependerá de la correcta implementación de la norma y de la maduración del nuevo mercado de repuestos legales.
El abaratamiento se daría por tres vías principales:
- Reducción del Costo de Reparación (Siniestros Parciales):
- El factor más directo. El acceso a un mercado legal, trazable y transparente de autopartes usadas permitirá a las aseguradoras y a los talleres reducir el costo de la «canasta de repuestos» en siniestros parciales. Piezas como puertas, capots, ópticas o componentes del interior, que hoy se reemplazan por piezas nuevas (originales o alternativas) a un costo elevado, podrán ser sustituidas por repuestos recuperados y originales de origen lícito y a un precio significativamente menor. Esto reduce directamente el costo medio del siniestro, uno de los componentes clave en el cálculo de la prima de riesgo.
- Reducción de la Frecuencia de Robo (Siniestros Totales por Robo):
- El factor más estratégico y de mayor impacto a largo plazo. El objetivo central del decreto es desarticular el mercado negro de autopartes, que es el principal motor del robo de vehículos. Si la trazabilidad digital tiene éxito y se vuelve imposible «legalizar» partes robadas, la rentabilidad del delito disminuirá. Una caída en la frecuencia de robos impactaría de forma masiva y positiva en la siniestralidad de las carteras de automotores, permitiendo a las compañías reducir las primas asociadas a la cobertura de Robo/Hurto Total y Parcial.
- Optimización del recupero de salvataje (Restos en Daño Total):
- Al formalizar y transparentar el valor de las piezas de un vehículo declarado «destrucción total», las aseguradoras podrán optimizar el recupero económico de esos restos (salvataje). Un mercado más transparente y ágil para el desarmadero que adquiere el vehículo siniestrado se traduce en un mejor precio de compra, aumentando el recupero para la aseguradora y, por ende, disminuyendo el costo neto del siniestro de daño total.
Desafíos a Corto Plazo: La alta inflación puede diluir o enmascarar estos ahorros iniciales. Además, la implementación requiere inversiones en tecnología y adaptación de procesos por parte de las aseguradoras.
¿Cuál es la incidencia de la medida?.
La incidencia es transversal y afecta a toda la cadena de valor del seguro automotor. Podemos dividirla en tres áreas:
- Incidencia Operativa (Proceso de Siniestros):
- Cambio Crítico en Daño Total: La exigencia del «Certificado de Baja y Desarme» electrónico se convierte en un paso obligatorio y previo al pago de la indemnización por destrucción total. Los departamentos de siniestros deben adaptar sus check lists y procesos para validar este documento digitalmente contra la plataforma de la DNRPA antes de liberar cualquier pago.
- Nueva Valuación de Daños: Los peritos y liquidadores de siniestros deberán incorporar en sus análisis la opción de reparar con piezas recuperadas. Esto requiere nuevas tablas de referencia de precios y criterios para determinar cuándo es técnica y económicamente viable usar un repuesto legal usado.
- Red de Talleres: Las aseguradoras deberán trabajar con su red de talleres para asegurar que estén capacitados y dispuestos a instalar estas piezas, garantizando la calidad de la reparación.
- Incidencia Estratégica (Modelo de Negocio):
- Lucha Contra el Fraude: La trazabilidad digital es una herramienta potentísima. Permite verificar que una pieza utilizada en una reparación no provenga de un vehículo que ya fue indemnizado por la misma u otra compañía, combatiendo el fraude por duplicación de siniestros o uso de «autopartes fantasmas».
- Sustentabilidad y RSE: La medida permite a las compañías posicionarse como actores que promueven la economía circular y la sustentabilidad, un valor cada vez más importante para los consumidores.
- Nuevas Alianzas: Podrían surgir alianzas estratégicas con los desarmaderos registrados para agilizar el suministro de piezas y garantizar precios competitivos.
- Incidencia Regulatoria y de Cumplimiento:
- Las compañías deben asegurar el cumplimiento estricto de la norma para evitar sanciones y garantizar que su operatoria esté alineada con las directrices de la DNRPA y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
¿Qué pasa con el sistema informático que sería necesario?
Este es el punto más crítico para la viabilidad de la reforma y un desafío inmediato para las aseguradoras.
- La Plataforma Central (Responsabilidad de la DNRPA): El decreto obliga a la DNRPA a desarrollar y poner en marcha la plataforma digital centralizada en un plazo de 60 días. Este sistema será la «única fuente» para verificar la existencia y validez de los Certificados de Baja, los códigos de las autopartes y el stock de los desarmaderos. El éxito de toda la medida depende de que esta plataforma sea robusta, segura y esté disponible 24/7.
- La Integración (Responsabilidad de las Aseguradoras): Las compañías de seguros no pueden ser usuarias pasivas de esta plataforma. Deben realizar inversiones y desarrollos tecnológicos significativos para integrar sus propios sistemas core (de gestión de pólizas y siniestros) con la plataforma de la DNRPA.
- Necesidad de APIs: Esta integración se realizará muy probablemente a través de APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) que permitan una comunicación automática y en tiempo real.
- Funcionalidades a Desarrollar: Los sistemas de las aseguradoras deberán ser capaces de:
- Consultar y validar un «Certificado de Baja y Desarme» a partir de un dominio.
- Verificar la autenticidad de un código de autoparte.
- Dejar un registro de la consulta en sus propios sistemas como evidencia del cumplimiento del proceso.
- El Desafío: Esto requiere equipos de TI, desarrollo, pruebas y un presupuesto asignado. Las aseguradoras que no inviertan en esta integración quedarán en desventaja operativa, con procesos manuales lentos y propensos a errores.
En resumen, la implementación del sistema informático es un proyecto de dos vías: el Estado debe proveer una plataforma funcional, y cada aseguradora debe construir el puente tecnológico para conectarse a ella para cumplir con sus asegurados, pero sobre todo con lo que la normativa exige.
