Piden que los peritos forenses que actúen en juicios laborales no tengan honorarios atados a las causas

EL SEGURO EN ACCION estuvo presente en el primer Coloquio del CIDeS, celebrado el martes 27 de agosto, donde se planteó la Problemática judicial en Riesgos del trabajo.

Funcionarios, aseguradores, empresarios y representantes de los trabajadores coincidieron en la necesidad de que se constituyan los cuerpos de peritos forenses que actúan en los juicios laborales.

Así lo señalaron en el marco del Coloquio CIDeS que se llevó a cabo en el Hotel Alvear, en el cual se abordó el tema de la litigiosidad laboral.

Por su lado, Dalmiro Garay, titular de la Corte de Mendoza, presentó el esquema de reformas que hay en la provincia cuyana que al momento es la única que tiene establecidos los peritos forenses que dispone la ley. En siete años de reformas, pasaron de 28.000 juicios anuales a unos 15.000. «Es el 49% del punto de partida. Los peritos cobran medio jus, que hoy son $200.000 por pericia», dijo el magistrado.

Fernando Perez, gerente General de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo(SRT), indicó que ese organismo de control procurará continuar este año con las provincias que no están adheridas a la Ley de Riesgos.

Dijo que «no hay equilibrio entre lo que dictamina el sistema y lo que dictamina la Justicia; que todos trabajen con el mismo baremo y que los peritos no tengan atados sus honorarios a los resultados de los juicios».

«Vamos a conformar el cuerpo de peritos en las cortes provinciales. Vamos a simplificar el baremo», explicó el funcionario.

Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), advirtió que la fuente de litigiosidad del sistema es la diferencia que hay entre los fallos de los jueces y las indemnizaciones que ofrece el sistema. «Mientras haya una brecha la indemnización del sistema es el piso», indicó.

«Por un lado se han ido bajando los siniestros y como contracara de eso hubo un incremento de la litigiosidad. En 1996 teníamos 149 fallecidos por millón y en 28 años logramos bajarlo a 31,9. Bajó un 80%. Hemos salvado 17.700 vidas y se evitaron casi 4 millones de accidentes», señaló Bettiol.

La titular de la UART explicó que «falta la conformación de los cuerpo médicos forenses, con honorarios no atados al resultado del juicio» y puso como ejemplo que «el 88% de los juicios fueron casos de incapacidad cero».

Gerardo Martínez, Secretario General de la UOCRA rechazó versiones que indicarían que el gobierno buscaría fusionar a la Superintendencia de Seguros, con la de Riesgos del Trabajo. «La superintendencia es un subsistema de la seguridad social y queremos que se mantenga esa diferencia. La superintendencia tiene que tener una competencia determinada», dijo Martínez quien se mostró a favor de impulsar una ley de prevención de riesgos.

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, también coincidió en la necesidad de que los peritos forenses tengan honorarios tarifados.

Panel debate sobre iniciativas legislativas

Coinciden en que «hay clima» para un «recambio integral» de la legislación del seguro

Cinco legisladores nacionales de diferentes bloques coincidieron hoy en que hay consenso en la actualidad para avanzar en un «recambio integral» de la legislación para el sector del seguro, cuyo marco normativo data de hace casi seis décadas.

Así lo expresaron la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) y los diputados Luciano Laspina (PRO), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Rodrigo de Loredo (UCR) y Nicolás Mayoraz (LLA).

Fernández Sagasti planteó que «a todos los argentinos nos conviene que la litigiosidad baje» y que en consecuencia «los seguros tienen que adaptarse a la nueva realidad», si se tiene en cuenta que «hay mucha proliferación de proyectos que son parches de la ley actual que data de 1967».

Por lo tanto, la senadora por Mendoza abogó por «un recambio integral de la ley», convencida de que «tener una industria del seguro robusta tiene que ver con el desarrollo que necesitamos».

Como forma de «evitar la industria del juicio», la dirigente de UxP propuso la adopción de la denominada «oferta motivada», consistente en «darle a los interesados todo tipo de información, para que se sepa por qué se llegó a determinada oferta patrimonial por el daño».

Por su parte, Laspina destacó que «hay clima en el Congreso para revisar y avanzar en las reformas» y destacó al respecto la sanción de la ley de Bases y la revisión de todo el digesto jurídico, en lo que se conoce popularmente como «ley de Hojarasca».

No obstante, advirtió que «el lobby de los abogados es muy fuerte» y que en el sistema judicial «todo está armado para inflar el globo de las sentencias».

De todos modos, rescató la existencia de «una masa crítica» para impulsar «el consenso de reformas» y que haya «un gobierno que quiere empujarlas y mayorías que fluctúan, pero que están dispuestas a dar el debate».

En ese sentido, Massot llamó a tener «cuidado con pensar que el consenso tiene que estar sólo de este lado», en referencia al Parlamento, en un razonamiento completado por Mayoraz, quien a su turno dijo que esas reformas «dependen de que todos los actores del sistema hagan los controles necesarios, no solo los legisladores».

El diputado de LLA reiteró conceptos de paneles previos y defendió la aplicación de «criterios lógicos para todos los casos» y si bien se manifestó partidario de «litigar sin gastos» también alertó que eso «no debe ser una vía de salida para litigantes irresponsables».

Por último, De Loredo celebró que «el gobierno quiera abordar esta temática» y puntualizó que se necesitan «contrataciones transparentes en los servicios de seguros»para el Estado.

Al respecto, señaló que el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) «con sus errores o no, viene a comprar una estabilidad y previsión que la Argentina no tiene».»Es un clima de época que está habilitado a reformas, va saliendo lo que se puede y se va mejorando», finalizó.

Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, propuso hoy una serie de reformas legales para el sector de seguros, entre ellos limitar el derecho de litigar sin costos, y también sancionar a las empresas que no ayuden en las instancias de mediación.

«Es necesario una modernización de la legislación en materia de seguros. La que tenemos lleva más de 60 años», dijo Menem durante su presentación en el Coloquio 2024 del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS).

Ante cientos de empresarios del sector, el legislador lo invitó a  que «presenten proyectos, a que debatamos esta situación. Modernizar el Estado es desregular y potenciar las capacidades del sector privado».

En cuanto a las propuestas para reformar las leyes vigentes para el sector «nosotros pensamos que, a futuro, se podrían fijar límites sobre a quiénes se debe beneficiar con el derecho de litigar sin costos». También propuso «sumar la implementación de un cuerpo médico forense para evaluar daños para evitar informes distorsionados, como suele ocurrir».

Menem también consideró que, en leyes futuras, «deberían fijarse sanciones para quienes soliciten indemnizaciones exageradas», como así también «multas para las aseguradoras que no ayuden en las instancias de mediación».

Menem dijo «si bien parece útil hablar de ‘La litigiosidad en la economía’, habría que analizar el impacto que tiene la economía en el estratosférico aumento de la litigiosidad».

«Es indudable que la inflación, a la que este Gobierno busca terminar, conspira contra los negocios», y puso como ejemplo que cuando se interpone una demanda, y se lleva adelante la acción judicial, cuando se produce el fallo, la indemnización «es un porcentaje menor a lo fijado y los jueces toman distintos criterios» para reajustar los montos. El presidente de la Cámara Baja apuntó a que «los jueces no son economistas, y les es muy difícil actualizar (indemnizaciones) por hechos ocurridos hace 10 o 15 años».

«Todo este gasto de energía (a la hora de fijar la forma de reajuste) se terminaría si no hubiera existido el nivel de inflación que hemos tenido en los últimos años», dijo el legislador de La Libertad Avanza.

Por eso «es vital que todos acompañemos el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno para terminar con la inflación», dijo Menem.

Procuración del Tesoro – Andrés de la Cruz

El subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz, aseguró que «la industria del seguro aporta a la economía al uso más eficiente del capital», al tiempo que señaló que «nuestra sociedad pide previsibilidad».

«El manejo prudente de los conflictos tiene que ser parte del Estado».

El abogado del Estado nacional planteó algunas opciones que están previstas en la Ley Bases, que evitan que desde el sector público mismo se incremente la litigiosidad.

Señaló que en el artículo 65 de la ley de Bases sobre Contratos «se establece la práctica de agotar las instancias previas a la judicialización».

En ese punto de la ley se permiten acuerdos ante «supuestos incumplimientos contractuales del estado». «El acuerdo transaccional tiene que ser fundado y conveniente para el Estado. La quita no debe ser menor al 30% de la acreencia sobre la que verse la controversia, debe contar con dictámenes de la SIGEN y la Procuración». Lo «importante es que el Estado puede asumir un rol para disminuir su propia litigiosidad», explicó.

Por otro lado, recordó que en el caso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) está previsto que en una etapa previa el Estado pueda recurrir al arbitraje antes de llegar a la vía judicial, en el caso de los inversores locales. Cuando se trate de extranjeros pueden recurrir a la instancia del CIADI.

«Un manejo disciplinado del litigio a través de La Ley de Bases puede tener un rol ejemplificador, un conflicto con el Estado implica que el Estado tiene que aprender a jugar con las reglas de los particulares», señaló de la Cruz.

Secretario de Finanzas de la Nación – Pablo Quirno

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, le pidió hoy a los  empresarios del sector de seguros a que «nos ayuden a agrandar la torta» porque con el crecimiento económico ganamos todos.

Quirno formuló estas declaraciones en el cierre del Coloquio 2024 del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) que se desarrolló en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.

«Nosotros estamos haciendo, desde el gobierno, generando condiciones para que el sector privado se desarrolle, porque es el único generador de riquezas. El Estado no genera nada», dijo Quirno.

«Nosotros solo somos los cancheros de la cancha. Pintamos las líneas, ponemos las redes, pero los que juegan son ustedes. Nosotros le tenemos que dar leyes para que ustedes se puedan desarrollar».

«Vamos a desregular, vamos a escucharlos, necesitamos que ustedes se hagan dueños de esto para que el sector de seguros se desarrolle e invierta, porque sin crédito, el país no crece. Acá el negocio es agrandar la torta, ayúdennos a agrandar esa torta».

El funcionario destacó que desde la presidencia de Javier Milei «comenzamos a generar las condiciones», para el desarrollo económico y es «atacar las causa de fondo que es el déficit fiscal».

«Hemos vivido atacando las causas del déficit fiscal con controles de precios, cepo, default, pero esas son las consecuencias, y no las causas del déficit».

El presidente Javier Milei «ha atacado las causas, el déficit fiscal. Y eso nos llevo a atacar otra de las razones que es la falta de credibilidad que genera escepticismo general que es perjudicial para un plan económico».

Por eso,el diseño del plan no podía depender de una ley del Congreso. Nosotros enunciamos el 12 de diciembre que íbamos a llegar al equilibrio fiscal».

«La primera semana de febrero llegamos al equilibrio fiscal y financiero. Y eso se repitió en marzo, abril,mayo y junio».

«El equilibrio fiscal vino para quedarse. Nada de lo que nosotros hagamos va a afectar ese principio», dijo Quirno.

«Ese es el camino que nos ha permitido bajar la inflación más rápido de lo que se esperaba. Entre las expectativas y la realidad hay 50 puntos porcentuales de inflación» aseguró el funcionario.

«¿A qué nos lleva la baja de la inflación? A que los salarios reales comiencen a subir».

Además, al retirarse el Estado de la toma de financiamiento «eso llevó a una expansión del crédito que es inédita».

«Nosotros estamos dispuestos a escuchar iniciativas que tengan costo cero para nosotros, y por eso no le podemos dar el RIGI a toda la economía», dijo Quirno.

«Pensemos en grande, porque agrandar la torta es el camino. Es el momento de invertir y que el sector privado se desarrolle», enfatizó el funcionario.

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