El Dr. Aldo Álvarez, presidente de Noble Compañía de Seguros, analiza las causas del aumento de la litigiosidad en Argentina y señala cómo los descalces judiciales impactan en el sector.
En diálogo con El Seguro en Acción, el Dr. Aldo Álvarez aborda los problemas estructurales del sistema judicial, desde los incentivos económicos detrás de los litigios hasta las medidas cautelares que paralizan a las aseguradoras. Además, destaca la importancia del fallo Barrientos y propone medidas para armonizar los criterios judiciales con la economía actual.
El aumento significativo de los montos por indemnizaciones que resultan de fallos de distintos tribunales en todas las jurisdicciones del país, ¿se debe a la elevada inflación o hay otros factores?
Dr. Aldo Álvarez:
El aumento de los litigios tiene que ver con un sistema que incluye una serie de incentivos perversos desde hace mucho tiempo. Algunos son viejos, como el beneficio de litigar sin gastos. En Argentina, litigar cuesta cero.
El 90% de los juicios de daños y perjuicios y el 100% de los laborales se tramitan bajo este beneficio. En estos casos, quien gana también tiene que pagar las costas porque las partes son solidarias frente a los peritos. Esto permite que cualquier persona pueda reclamar sin asumir riesgos, ya que no va a pagar nada, incluso si pierde. Las compañías saben que solo recibir un reclamo implica registrar un pasivo y, posiblemente, hacer un pago.
A esto se suman nuevos incentivos que surgieron con la inflación, pero que son más evidentes ahora, en un momento de desinflación. No hay mejor negocio financiero que tener un juicio como parte demandante. Ninguna inversión paga lo que paga un juicio: las tasas de interés aplicadas sobre los montos de sentencia son altísimas.
En algunos casos, especialmente en provincias, los intereses se capitalizan, se aplican tasas activas y se calculan sobre valores de sentencia actualizados, lo que contradice lo que establece el fallo Barrientos de la Corte Suprema.
¿Por qué es importante el fallo Barrientos?
Dr. Aldo Álvarez:
El fallo Barrientos es clave porque distingue entre obligaciones de dar una suma de dinero y las obligaciones de valor. Una obligación de dar una suma de dinero, como un cheque rechazado, queda congelada en su valor nominal y puede actualizarse. En cambio, una indemnización por daños y perjuicios es una deuda de valor, determinada al momento de la sentencia como un valor actual.
Este fallo establece que una indemnización no puede incluir intereses que compensen la inflación, ya que el valor actual ya lo contempla. Sin embargo, vemos a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aplica tasas activas, igual que en varias provincias, desvirtuando los valores. En muchos casos, los intereses terminan siendo mayores que el capital, lo que convierte al sistema en una fórmula perversa: cuanto más se demora un juicio, más aumenta el monto final.
¿Cómo impacta la desinflación en este contexto?
Dr. Aldo Álvarez:
Es paradójico, pero cuanto más exitoso es el proceso de desinflación, más evidente queda este problema. Los valores de las sentencias siguen inflándose por los intereses, mientras que los activos de las compañías no reciben un tratamiento similar. Esto genera un descalce entre los pasivos y los valores reales.
El Poder Judicial aún opera con criterios fijados en un pasado inflacionario. El fallo Barrientos intenta corregir esto, pero no se aplica de forma uniforme. Como aseguradores, debemos trabajar para divulgar su importancia y alinear estos criterios con la economía actual.
¿Qué puede hacer el sector asegurador al respecto?
Dr. Aldo Álvarez:
Primero, los departamentos jurídicos de las compañías deben exigir la aplicación del fallo Barrientos. Además, este tema debe discutirse en seminarios y ante los poderes públicos.
Es fundamental armonizar los criterios judiciales con la economía. No podemos tener una tasa de interés en el sistema judicial que sea varias veces superior a la que fija el Banco Central. Esto genera distorsiones y afecta gravemente a la industria aseguradora.
Mencionaste las medidas cautelares como otro problema. ¿Qué ocurre con ellas?
Dr. Aldo Álvarez:
Las medidas cautelares son un gran problema, especialmente en el interior del país. Aunque están pensadas para evitar la insolvencia fraudulenta del deudor, se aplican de forma incorrecta a las aseguradoras.
Con una sentencia de primera instancia, se embargan las cuentas de las compañías, paralizando su operación. Esto es absurdo, ya que las aseguradoras no son las deudoras directas; están citadas en garantía y bajo supervisión de la Superintendencia de Seguros, que garantiza su solvencia.
Estas medidas generan negociaciones complejas y muchas veces bloquean el accionar de las compañías. En otros países, como Brasil y Chile, las aseguradoras no participan en los procesos judiciales, y por lo tanto no son pasibles estas medidas judiciales distorsivas del mercado
¿Qué debería hacerse para mejorar el sistema?
Dr. Aldo Álvarez:
El regulador debe trabajar con los poderes del Estado para establecer criterios más claros y justos. El contrato de seguros está definido por ley, y las medidas cautelares no deberían afectar de esta manera a las aseguradoras.
Hay que pedir que los jueces apliquen criterios actualizados, como los establecidos en el fallo Barrientos. Además, es esencial coordinar esfuerzos entre el regulador, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para garantizar un sistema más equilibrado y alineado con la realidad económica.
ACCEDA AL TEXTO COMPLETO DEL FALLO BARRIENTOS EN ESTE LINK.
